Con el Caballo
del Comisario

por la Concejal
Carmen Martinez Zubiaurre

El pliego para la contratación de los servicios de higiene urbana lo califico de “mamarracho”. Alarmante, por ser éste el contrato más importante del Estado Comunal.
Con una duración excesiva, -estos servicios se licitan por un lapso de entre 5 y 6 años- atando al municipio con una empresa por una década, tiempo donde pueden producirse mejoras tecnológicas y/o económicas que no podrán ser aprovechadas dada la estrecha reglamentación acordada; como así tampoco se podrá cambiar la política de gestión de residuos. Un plazo tan largo se explica si se quiere “arreglar” este rentable negocio con una empresa determinada. 
Cabe destacar que el requisito de presentar los oferentes un “Informe dominial del Registro de Propiedad Inmueble”, así como el de “Acreditar la titularidad de las acciones societarias...”, fue reclamado por contaduría municipal, pero en el texto final no aparecen ¿se trató de evitar la aparición de los datos personales de los socios? ¿Por que?
También se comprueba lo direccionada que está este llamado a licitación, ya que se exige en cuanto a la experiencia una antigüedad de 8 años, y a solicitud del sub-contador según consta, se cambió el término “licitación pública” por “contrataciones”. Algo no menor. Según la redacción original alguien podría llegar a plantear que la empresa 9 de Julio solo accedió por licitación a la mitad del servicio prestado, por lo que no cumple con los requisitos exigidos, ya que acaba de cumplir ocho años (vaya paradoja) de contrato único con la municipalidad (fue formalizado en 1996) por lo que solo licitó una de las zonas. Si se observa en Rosario se indica que “los antecedentes...Serán considerados únicamente aquellos, adjudicados por Licitación Pública”. 
Cuando se habla de los Derechos y obligaciones de la municipalidad, al referirse que el Ejecutivo podrá realizar un seguimiento de los precios o los costos que conforman los ítem del servicio y efectuar las correcciones, pero solo en el caso de que el aumento o disminución del valor sea superior en un 10 % al valor del contrato necesitará la aprobación del Concejo, me pregunto, no esta permitiendo que se otorguen varios aumentos separados, pero sucesivos menores a dicho porcentaje, con la sola intervención del ejecutivo.
El programa de relaciones con la comunidad ha sido tomado de otro que con el mismo título se ejecuta en Rosario. Lo increíble es que han copiado los dos primeros párrafos desechándose todo el resto. Claro, se trataba de todo lo que debería implementar la empresa: Plan Informativo Anual por los medios de difusión, actividades educativas a desarrollar en colegios e instituciones, provisión de láminas y folletos explicativos sobre los residuos para las escuelas, etc. Todo esto se obvió y en su reemplazo solo se indica la realización de un Plan Piloto de relevamiento de los residuos en el casco urbano; realmente algo inexplicable. Para peor se establece que las pautas serán dictadas conjuntamente por la municipalidad y la contratista, algo que le corresponde a la comuna y la empresa solo debería cumplir. Ni que hablar del monto destinado de $5.000 mensuales.
En lo que respecta a la Gestión de reclamos, estaba planteado en el pliego aprobado de 1998, pero con una diferencia fundamental, que la municipalidad era quien debía recibir los reclamos, ya que la función de contralor es indelegable, ahora se establece que esta tarea la cumpla la propia empresa contratista.
También se fija precio unitario de la recolección de restos de poda, muebles, equipos y otros (montículos) por cuadra por día; la cotización de esta recolección por cuadra parece ilógica, ya que estos elementos no se dejan juntos a lo largo de cada cuadra. Por otra parte los porcentajes a aplicar en los casos de reducciones de frecuencias no deberían ser propuestos por el oferente, sino establecidos por la municipalidad.
Es común observar, durante el atardecer y de noche en diversas calles céntricas, contenedores con la inscripción 9 de Julio, aunque parezca parte del servicio municipal de recolección de residuos, en realidad es un servicio privado de dicha empresa. Se supone que la concesionaria no debe realizar actividades paralelas a las oficiales, no está bien esta doble función, ya que la empresa actúa como denunciante, según el pliego ante la municipalidad de aquellos generadores de residuos que superan el volumen máximo establecido y por tanto tienen que contratar un servicio privado.
En el Programa de Clasificación y Reciclado, es evidente que la administración no posee una política integral de residuos y entonces pone algo referido a actividades de reciclado más desde el punto de vista mediático que desde la importancia ambiental, social y económica que el mismo reviste.
Más allá de evaluar la propuesta del mencionado grupo desde el punto de vista técnico, resulta impresentable la forma en que el ejecutivo toma este tema, agregando los mismos textos que le entregan sin el menor trabajo de análisis, ni de adaptación legislativa-contractual. Se trata solo de plantear el método de recolección selectiva (dos bolsas); se menciona que los residuos orgánicos serán llevados a una Planta de Separación Centralizada en el Centro Regional de Tratamiento de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, la cual no existe.
Para terminar, al comparar nuestro municipio con el de Rosario, se deduce que esta ciudad tiene un 70% más de población y un casi 50% más de viviendas ocupadas con lo que la facturación mensual por los servicios de higiene urbana deberían ser muy superiores a la de nuestra ciudad, no solo por la mayor cantidad de habitantes, sino por tratarse de una recolección dividida en dos zonas/empresas lo que incrementa los costos totales entre un 25 y un 30%; pero aún así, los montos son similares, cosa realmente poco razonable. Como lo es gran parte del pliego de licitación.

Los Derechos
en Serio

por el Juez Penal
Marcelo Madina

El título escogido pertenece a una ya clásica obra de Ronald Dworkin en la cual se presentan los derechos individuales como "triunfos" frente a la mayoría y
por lo tanto "ninguna directriz política ni objetivo social colectivo puede triunfar frente a un auténtico derecho." 
También dicha formulación sirve para reafirmar que las garantías individuales no responden a una gracia o concesión de los legisladores o políticos, sino que los preceden y por lo tanto no las pueden restringir, alterar o suprimir como algo propio. 
Es inevitable que en tiempos de tanta fragmentación social como vivimos en la Argentina los reclamos de los ciudadanos adquieran proporciones desmedidas, que aún cuando resulten legítimos, terminan sirviendo de escenario perfecto para que los nostálgicos del autoritarismo desplieguen sus recetas habituales. Quien puede dudar que la seguridad, la justicia, la propiedad, etc., constituyen valores esenciales para el desarrollo de una vida digna. Son tan importantes como la educación, la salud, el trabajo y sin embargo, unos y otros, le son negados a la mayoría de los argentinos como si fueran una fatalidad, cuando en realidad tienen sus principales responsables en los encargados de gobernar. 
El recrudecimiento de la violencia urbana en forma de secuestros, homicidios, etc., ha aumentado la sensación de inseguridad que vive la población, sensibilizada hasta el hartazgo por la inoperancia de los encargados de impedirla.
Una vez más, los políticos de turno, al amparo del dolor de un padre por la muerte de su hijo, han escogido el camino más fácil como respuesta al reclamo: la restricción de las garantías, el aumento de las penas, la militarización de las ciudades, la sospecha generalizada, la invasión de la intimidad y el aumento de las facultades policiales , unidos a otros retoques cosméticos, tales como el juicio por jurado y la unificación de las legislaciones procesales, que no solamente no están llamados a resolver los problemas que se pretenden erradicar, sino que lucen más como maniobras distractorias que como aspiraciones republicanas. 
Como señalara el profesor Alberto Binder la retórica de la mano dura es el último disfraz de mentiras que le queda a la dirigencia política, que en este tema, como en muchos otros, no encuentra una solución eficaz. Obviamente reunirse en un recinto y votar en menos de cuarenta y ocho horas leyes que modifiquen sensiblemente el modo de vida de la gente, tales como el código penal o el código procesal penal, es mucho más fácil que propiciar políticas educativas, laborales, de redistribución del ingreso, de repatriación de capitales, de fomento de las economías regionales, en fin, brindar oportunidades parejas para todos, para que no continuemos enfrentándonos unos con otros. 
Lo más grave del camino escogido por nuestros representantes es que siguen engañando a la gente con dichas recetas que ya han demostrado su inutilidad. Desde hace más de diez años que venimos asistiendo a una inflación legislativa tal que ya no queda ámbito de la vida que no esté penalizado. Se han aumentado las penas hasta límites intolerables, se ha restringido el derecho de permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso hasta la inconstitucionalidad, se ha transformado el estado de derecho en un estado policíaco y sin embargo el delito no retrocede, muy por el contrario aumenta al ritmo de la desigualdad y la injusticia. Sólo llenamos las cárceles de personas y aumentamos la violencia social. 
El resonante asesinato de Axel Blumberg nos tiene que permitir ver la realidad de tal afirmación. En dicha investigación se han detenido los presuntos autores materiales, los partícipes, los encubridores y cada día conocemos más acerca de las tramas de impunidad y complicidad oficial que rodearon al caso y para ello no fue necesario aumentar ninguna pena, reformar ningún código procesal ni limitar los derechos de los condenados, fue suficiente la presión social y la voluntad política de actuar sobre las fuerzas de seguridad para que hagan lo que tienen que hacer.
Debemos aprender la lección. Como ciudadanos tenemos que demostrar que no estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos ni a limitar nuestra democracia sólo porque algunos pocos no hacen el trabajo para el cual fueron elegidos. Sus mandatos no tienen incluida la posibilidad de disponer sobre nuestras vidas y es necesario limitar el contenido de violencia estatal que conlleva el uso de la justicia penal puesto que en sí misma no tiene la posibilidad de modificar la realidad: Es improbable que un mal padre se transforme en bueno sólo por que lo condenemos a pasarle alimentos a sus hijos. Un ladrón no lee el código penal antes de salir a delinquir ni un homicida se redime por que le demos cinco años más de prisión. 
Debemos dejar de atacar las consecuencias para trabajar sobre las causas. No es cierto que la seguridad sólo se puede conseguir a costa de que renunciemos a nuestros derechos, lo único que han logrado con esta receta es que sigamos
contando muertos.